*El Gobierno del Cesar reitera su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad de las víctimas del conflicto armado en nuestro territorio.
Con el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Paz del Cesar, por instrucción de la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila, se acompañó las jornadas de entregas dignas de los restos de Gloria Patricia Grajales Vanegas y Edwin Rafael Sarmiento Molina, víctimas de homicidio y desaparición forzada por parte de columnas móviles urbanas del Frente Juan Andrés Álvarez, Bloque Norte, de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc. Los hechos fueron reconocidos por postulados como Salvatore Mancuso, Oscar Ospino Pachecho y otros miembros de estas estructuras paramilitares.
Las diligencias de entregas, que se cumplieron en el auditorio del Archivo Departamental, fueron orientadas por el Presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez Alarcón, quien detalló: “Estamos en un escenario donde reconocemos lo que estas familias padecieron, las víctimas son dignificadas y aportamos a la verdad que ellas tanto reclaman. Aquí los postulados piden perdón, les cuentan la razón y les dejan un poco de paz para sus corazones. También hacemos la cuantificación de perjuicios. Estos postulados fueron aquellos que ejercieron control en la ciudad de Valledupar y los corregimientos. Las víctimas resultaron de hechos entre Valledupar y Bosconia”.
Desde la Oficina Asesora de Paz se hizo parte de estos procesos que no solo implican una diligencia judicial, sino también un momento profundamente humano y reparador para las familias que, durante años, han vivido en la incertidumbre, el dolor y la espera. A través de los actos simbólicos, los espacios de contención emocional, la orientación jurídica y la entrega formal de los cuerpos, se tejió colectivamente un homenaje a la vida, a la memoria de Gloria Patricia Grajales Meneses y Edwin Rafael Sarmiento Molina.
Juana Pacheco, asesora de la Oficina de Paz, indicó que: “Las entregas dignas son un paso fundamental en la construcción de paz, pues representan el reconocimiento de la dignidad de quienes fueron desaparecidos y de una deuda histórica con sus familias. Estos procesos también confrontan a la sociedad colombiana con una verdad que sigue siendo dolorosa: la desaparición forzada continúa siendo uno de los hechos victimizantes de las heridas más profundas del conflicto armado, y su impacto atraviesa generaciones enteras”.
José Haxel De La Pava Marulanda, magistrado del Distrito Superior del Tribunal de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, que también participó de las diligencias, explicó que se trata de una acción encaminada a la reparación integral de víctimas de frentes urbanos móviles de la Auc. “Aquí operaron varios grupos de autodefensas, hubo muchas masacres, hubo muchos muertos con justificaciones no válidas donde los acreditaban como miembros de la guerrilla, como colaboradores o afines. Cualquier cosa que decían cuando realmente no lo eran. Mucho campesino, mucha gente pobre que fue asesinada, dejando un gran dolor para las familias”.
La Gobernación del Cesar continúa trabajando en la implementación de la Política Publica de Victimas, uno de los componentes de esta política es la verdad, la justicia y la no repetición.
Las entregas se cumplieron entre el 21 y 22 de abril en la ciudad de Valledupar y fueron liderados por la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) y la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Gobernación del Cesar, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre otras entidades que han contribuido desde el enfoque psicosocial, forense y jurídico.
Los familiares de Gloria y Edwin pidieron, en medio de la diligencia, que les cayera todo el peso de la ley a los responsables que se encuentran privados de la libertad y que hoy son postulados de la Ley de Justicia y Paz.
"Como Gobernación hemos venido impulsando la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y así mismo acompañamos como una forma de decir que no naturalizamos la desaparición. Que cada cuerpo que regresa a sus familias es un motivo para seguir exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición. Que cada abrazo que se da en medio del duelo reafirma que la memoria no puede ser silenciada", enfatizó Juana Pacheco.
Durante las diligencias de entrega se informó desde la Fiscalía que Gloria Patricia Grajales Vanegas fue desaparecida el 27 de abril del año 2002, en el municipio de Bosconia, cuando fue sacada de un establecimiento público; y Edwin Rafael Sarmiento Molina tenía 18 años en el momento de la desaparición, que ocurrió el 11 de mayo de 2004. Él salió de la casa de su madre en el barrio Villa del Rosario de Valledupar al Batallón La Popa, ya que se encontraba prestando el servicio militar. Sus restos fueron ubicados en el 2009 en el corregimiento de la Victoria de San Isidro, municipio de La Jagua de Ibirico.
