Valledupar, 7 de octubre de 2022 - Un seguimiento estricto por parte de la interventoría y del equipo de supervisión de la secretaría de Educación, inició el Gobierno del Cesar al Programa de Alimentación Escolar, en el municipio de Pueblo Bello, por posibles irregularidades en el suministro de alimentos a los niños por parte de la asociación indigena que opera este programa en la zona.
En esa jurisdicción del Cesar, por norma, la misma comunidad indígena opera como contratista del PAE; la Asociación Indígena Wayuu, a la que ya el Gobierno del Cesar le viene haciendo seguimiento, y con la cual se habían acordado compromisos por denuncias en otra sede educativa por la prestación del servicio, antecedentes que se atendieron de manera oportuna en articulación con varios entes que apoyan el proceso, acordando subsanarlos, además de aplicarles descuentos, y conminarlo a que estas dificultades no siguieran presentándose.
A raíz de una denuncia, que quedó grabada en video, en la que los estudiantes de una sede educativa en el corregimiento Minas de Iracal, estarían recibiendo incompletas las raciones alimentarias contratadas por la Gobernación del Cesar, funcionarios de la secretaría de Educación, y la interventoría, se trasladaron hasta esa población, para verificar en terreno la situación, adelantar una mesa de trabajo, y determinar las responsabilidades, a fin de adoptar medidas, en caso de comprobarse las irregularidades, conforme a los mecanismos legales que corresponden.
La secretaria de Educación del Cesar, Pamela García, indicó que “nos llegó el video donde se observa un faltante de la proteína, lo cual nos parece bastante grave; estamos haciendo una visita, con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario, veedores y comunidad en general, verificando en sitio las causas, tomando las evidencias necesarias y levantando las actas, para hacer un contraste de lo contemplado en el contrato y las minutas que fueron previamente establecidas para cada uno de los meses y la prestación de este servicio, y con ocasión a ello, sí efectivamente podemos tomar las medidas que correspondan, determinando la gravedad de la situación en cada caso concreto”.
Señaló que, de acuerdo con la normatividad existente, hay responsabilidades específicas con el Programa de Alimentación Escolar, y se trata de una veeduría de todos los actores, padres de familias, personería, comunidades; pero existe para el Gobierno un primer filtro y son los rectores de las instituciones educativas que deben certificar lo que realmente está recibiendo.
“Al contratista no se le paga, sino lo que certifique el rector, entonces su papel es absolutamente clave en este proceso, son ellos los que en primera línea deben reportarnos; nosotros como gobierno, con la interventoría, estamos haciendo al menos 80 visitas mensuales mínimas en campo en los resguardos, pero efectivamente los rectores deben ser los primeros en poner las denuncias”, puntualizó.
Mayor información: Pamela García, secretaria de Educación Departamental (3176789673).
